¡Ni una más! Que se acabe el femicidio en Juárez

Durante más de una década, las autoridades corruptas de ambos lados de la frontera de EEUU y México han encubierto una epidemia de brutales homicidios de cientos de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, México. Activistas han luchado con determinación para llamar la atención a la crisis pero las muertes siguen ocurriendo sin disminución del número de casos.

Sólo la indignación a nivel mundial podrá detener estos crímenes. Se necesita urgentemente una campaña internacional de feministas y sindicalistas.

Doblemente víctimas. En los últimos 12 años, se ha asesinado a cerca de 400 mujeres en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Se cree que un número igual de mujeres han desaparecido. Ciudad Juárez, una ciudad de 1.3 millones de habitantes justo al otro lado del Río Bravo desde El Paso, Texas, es el asentamiento de más de 380 maquiladoras. Una tercera parte de las asesinadas y desaparecidas eran trabajadoras de las maquiladoras; otras eran meseras, estudiantes y jornaleras de la economía informal.

Muchas víctimas fueron violadas, torturadas y mutiladas antes de que sus cuerpos fueran tirados en el desierto o en terrenos baldíos. Hay mucha especulación acerca de los criminales: ¿son criminales en serie, traficantes de drogas, hijos de familias influyentes de la élite, policías, miembros de algún culto, traficantes de órganos, productores de pornografía snuff, esposos o novios de las víctimas, o tal vez criminales sexuales que cruzan desde El Paso? A pesar de la presión de las familias de las víctimas, de organizaciones feministas y de grupos de derechos humanos, sólo se ha castigado a unos cuantos chivos expiatorios por la ola de raptos, violaciones y homicidios.

A medida que aumenta el número de homicidios, se condena cada vez más a las autoridades estatales y federales de México por su complicidad. Activistas y periodistas reportan acerca de la enorme corrupción, la fabricación de pruebas, y la tremenda negligencia, además del hostigamiento y las amenazas contra los amigos y familiares que exigen justicia. Muchas personas creen que la policía está involucrada directamente y mencionan la ausencia de investigaciones forenses básicas como la búsqueda de fibras en los cadáveres y el establecimiento de la hora de muerte. La policía también ha mermado los esfuerzos para establecer una relación entre los casos de Ciudad Juárez y los de muertes similares que están ocurriendo en la ciudad de Chihuahua, a 375 kilómetros al sur.

Debido a la creciente presión de acabar con las matanzas, los investigadores se han concentrado en arrestar a “indeseables”, tales como miembros de pandillas y vagos, a los que hacen confesar falsamente después de largos periodos de cárcel y tortura. Mientras tanto, las fuerzas policíacas de EEUU están financiando patrullas fronterizas anti-inmigrantes para la “seguridad nacional” en lugar de dar la prioridad a investigaciones binacionales en los crímenes de estas mujeres, muchas de las cuales trabajaban en corporaciones estadounidenses.

No es coincidencia que los homicidios estén ocurriendo en una ciudad inundada por maquiladoras cuyos propietarios son compañías de EEUU y Europa.

Gracias al TLC, las mercancías producidas en estas fábricas de explotación entran a los EEUU libres de aranceles. Se consiguen vastas ganancias por medio de la severa explotación de las jornaleras, las cuales a veces tienen sólo 14 años de edad y quienes migran de todo México tratando de escapar de la pobreza.
A las mujeres empleadas en las maquilas de Ciudad Juárez les pagan menos de $5 dólares al día y tienen que trabajar en condiciones peligrosas, muchas horas, con pocas protecciones, y sufriendo el hostigamiento sexual de los patrones. Muchas van al trabajo por calles solitarias desde las colonias populares de la periferia, siendo así vulnerables a los depredadores.

La falta de valoración de estas mujeres en el lugar de trabajo está relacionada directamente con la violencia desenfrenada en las calles.

Que se exija justicia. Como respuesta al clamor popular, el presidente mexicano Vicente Fox nombró a un fiscal especial en enero del 2004 para examinar los crímenes. En tres informes publicados hasta ahora, el abogado encontró “resultados poco concluyentes” en 205 casos. Sin embargo, los informes critican el sistema de justicia criminal por ineptitud y recomiendan acción judicial contra 81 oficiales de la policía y fiscales por no llevar bien los casos.

El verdadero motor de la resistencia es un movimiento formado por grupos de mujeres mexicanas que incluye a los Amigos de las Mujeres de Juárez, el Comité Fronterizo de Obrer@s [Obreras/os], Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Casa Amiga y Justicia para Nuestras Hijas.

A pesar de las amenazas de muerte, las líderes de estos grupos han realizado manifestaciones, han insistido en que se realicen investigaciones a fondo, y han creado consciencia pintando una cruz de colores rosado y negro por cada víctima en los postes de luz.

En noviembre del 2003, Justicia para Nuestras Hijas inició acciones a nivel internacional, incluyendo un “plantón virtual” por medio de correo electrónico y fax contra el gobierno y los tribunales de Chihuahua, marchas a consulados mexicanos en los EEUU y otras partes, y un congreso sobre violencia de género en la Universidad de California en Los Ángeles.

Una petición creada por Operación Digna exige que el gobierno mexicano tome medidas para parar la violencia y para acabar con la represión contra Justicia para Nuestras Hijas y otros grupos; se puede firmar dicha petición en www.petitiononline.com/NiUnaMas/petition.html.

El Comité Fronterizo de Obrer@s ha realizado dos veces el Foro Internacional “Mujeres Trabajadores Unidas Contra la Violencia” para reunir a sindicalistas y activistas de las fábricas de explotación y de Ciudad Juárez.
Otras formas de organización incluyen las campañas de cartas y apelaciones legales de Amnistía Internacional y una protesta el día de San Valentín de 2004 dirigida por Eve Ensler y Lourdes Portillo que reunió a 7,000 personas que marcharon por las calles de Juárez.

Que se intensifique la presión. Son heroicos los esfuerzos de las feministas mexicanas y de los familiares de las asesinadas y desaparecidas. Sin embargo, para garantizar la seguridad de sus hermanas e hijas necesitan la ayuda de un vasto movimiento global. Debemos hacer responsables política y financieramente de acabar con estos asesinatos, no sólo al gobierno mexicano sino también al gobierno de EEUU, el cual diseñó el TLC, y a los dueños de las fábricas transnacionales que se enriquecen con el abuso de niñas.

Las feministas, los sindicalistas y los activistas anti-corporaciones de los EEUU, México y otros países debemos unirnos para crear una campaña cuyas demandas incluyan:

• Albergues y orientación con financiamiento total para sobrevivientes de la violencia y de palizas domésticas.

• Transporte seguro al trabajo y desde el mismo pagado por los patrones — con servicio de puerta a puerta para las trabajadoras de turnos nocturnos.

• Vivienda opcional para obreras, subsidiada por las corporaciones, la cual garantizaría su seguridad. Éstas deberán proporcionar cuidado infantil de calidad y comidas y deberán ser administradas por los residentes, no por los patrones.

• Creación de sindicatos en las maquiladoras, castigando cualquier interferencia en la organización sindical.

• Un programa financiado con fondos públicos para armar a las mujeres de Juárez y de la ciudad de Chihuahua y para proveer entrenamiento de auto defensa dirigido por la comunidad y los sindicatos.

• Consejos civiles elegidos popularmente para supervisar a la policía, con la autoridad de investigar y despedir a los funcionarios corruptos y crueles. El gobierno mexicano les pagará y protegerá a los miembros del consejo.

• Una comisión internacional independiente de feministas y sindicalistas para investigar los asesinatos.

• Derogación del TLC y de todas las leyes que hacen posible la explotación de las mujeres y la destrucción de las economías de las naciones pobres y poscoloniales.

Una campaña con dichas demandas protegería a las mujeres que están en peligro, mejoraría su situación y mantendría la atención sobre Ciudad Juárez hasta que se expusieran todos los encubrimientos y se identificara y detuviera a los perpetradores. ¡Venceremos!

Toni Mendicino es organizadora de Mujeres Radicales del Área de la Bahía y activista sindical de la Universidad de California en Berkeley. Para ponerte en contacto con ella, escribe a rwbayarea @ yahoo.com.